Tres personas formalizadas: dos mujeres y un hombre, uno de ellos quedó en prisión preventiva. El delito incluye el uso de drogas como forma de pago a las víctimas.
Un delicado caso de explotación sexual infantil vinculado al microtráfico de estupefacientes está siendo investigado por la Fiscalía de Coyhaique y la Policía de Investigaciones (PDI). Tres personas han sido formalizadas: dos mujeres y un hombre, quienes estarían involucrados en un esquema criminal que utilizaba drogas como forma de pago a menores de edad explotados sexualmente.
El fiscal jefe (s) de Coyhaique, Luis Contreras Alfaro, confirmó que se trata de uno de los primeros casos con imputados detenidos por este tipo de delitos en la ciudad. La investigación, liderada por las brigadas de Delitos Sexuales (BRISEX) y Antinarcóticos de la PDI, ha culminado con la detención y formalización de los tres involucrados.
Los imputados son:
• Un hombre de 27 años, conductor informal de pasajeros, formalizado por explotación sexual infantil y microtráfico, quedó en prisión preventiva.
• Una mujer de 39 años, su pareja, fue formalizada por microtráfico de drogas. Se le impuso firma mensual y arraigo nacional.
• Una mujer de 25 años, formalizada por explotación sexual infantil, también fue enviada a prisión preventiva.
Diligencias y modus operandi
La causa se originó tras una denuncia conocida a principios de año. El comisario Fernando Álvarez Jeldes, jefe de la BRISEX Coyhaique, explicó que el trabajo coordinado permitió detectar el vínculo entre los delitos sexuales y el microtráfico.
“El consumo de estupefacientes funcionaba como una especie de pago a las víctimas, quienes se encontraban en situaciones de alta vulnerabilidad social”, precisó el fiscal Contreras.
El uso de herramientas de análisis criminal y la revisión de elementos tecnológicos continúan, y no se descarta que puedan aparecer más víctimas o nuevos imputados en los próximos días.
Contexto social y fenómeno delictual
El fiscal enfatizó que detrás de estos delitos se esconden factores estructurales como pobreza, abandono parental, consumo de drogas y manipulación emocional hacia adolescentes mediante bienes como teléfonos móviles.
“Estos hechos, aunque poco visibles, están presentes en nuestra sociedad. Por eso, es fundamental que las instituciones estén alerta y trabajen de forma articulada”, subrayó Contreras.
Apoyo institucional
La investigación ha contado con el respaldo del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, el Programa Mi Abogado y la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía, asegurando protección y contención a las víctimas.
Investigación en curso
El Juzgado de Garantía de Coyhaique fijó un plazo de 100 días para la investigación, la cual se mantiene en desarrollo con nuevas diligencias y seguimiento permanente.
